Por Oscar Picardo Joao opicardo@iseade.edu.sv
En 1975 se publicó el informe “The Crisis of Democracy” de la Comisión Trilateral, dicho informe estuvo a cargo de tres prestigiosos académicos representantes de Europa occidental, Japón y Estados Unidos: Michel Crozier, Joji Watanuki y Samuel Huntington, respectivamente. En este importante documento surgió el concepto de “Gobernabilidad” (good governance), pero, por vía negativa:“In-gobernabilidad”, el cual se puede interpretar como: los problemas que surgen entre las demandas sociales fragmentadas en expansión versus las limitadas capacidades financieras e institucionales de los Estados. Dicho de una forma más simple, logramos la gobernabilidad cuando hay un equilibrio entre la demanda social y la oferta Estatal.
Asimismo, gobernabilidad supone lograr un contexto político pautado por ciertas coordenadas racionales: participación, imperio de la ley, transparencia, rendición de cuentas, consenso orientado, responsabilidad, equidad e inclusividad, eficiencia y eficacia (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ONU).
En los escenarios educativos la gobernabilidad es posible cuando se produce y gestiona un equilibro entre los recursos financieros que propone el gobierno para invertir en educación (% del PIB) y las necesidades del sistema educativo, entre ellas las más destacadas: salarios y beneficios de docentes, materiales educativos, libros de texto, infraestructura, tecnologías, investigación, evaluación y calidad, y programas sectoriales o especiales.
En la mayoría de sistemas educativos de Latinoamérica, particularmente en el nuestro, un alto porcentaje de la inversión –superior al 95%- se destina a salarios, dejando muy pocos recursos para el resto de necesidades; y si bien el docente es un factor determinante de la calidad educativa, será importante reflexionar sobre los requerimientos que los propios docentes tienen para trabajar en un escenario pedagógico afable.
En el caso salvadoreño y desde la perspectiva educativa se han logrado buenos niveles de gobernabilidad y negociación; y a pesar que las necesidades son muchas y las intenciones y deseos sobrepasan la capacidad financiera real del Estado, el sector docente ha recibido ciertos incrementos asociados a las revisiones salariales emanadas del marco legal de la carrera docente (cada tres años, generalmente entre 5 y 10%), y otros beneficios (sobre sueldos por cargos administrativos, nuevas categorías del escalafón, etc.); vale la pena insistir que la realidad salarial de nuestros docentes es análoga al porcentaje del PIB que se invierte en educación, ni más ni menos; inclusive añadiría que pueda haber una analogía en materia de calidad...
Un docente salvadoreño puede ganar entre US$ 429.66 (categoría 6, nivel II) y US$ 775.52 (categoría 1, nivel I) por un turno de trabajo, matutino o vespertino (considerando que hay que preparar material y evaluar, antes y después de las horas clase); muchos docentes poseen una plaza en el sector público y otra en el sector privado, de tal modo que su salario promedio podría oscilar entre US$ 700 y US$ 1,200.
El impacto económico de un ajuste salarial en el sistema educativo es bastante complejo; es muy fácil manejar cifras de negociación en porcentajes, pero al traducir estos puntos porcentuales en millones de dólares sobre la base de 42,000 maestros todo cambia. Un 10% de aumento tendría un impacto fiscal de aproximadamente US$ 27,000,000, un 20% de US$ 54,000,000 y un 30% de US$ 81,000,000. Pero además hay que considerar otros gastos de supervivencia y operación que también aumentan, y cada decisión que se logre simular y/o aplicar son millones de dólares. Creo que nadie discute la necesidad de invertir más en educación, la pregunta es de dónde obtener los recursos, y las opciones posibles y plausibles son: ¿préstamos?, ¿crecimiento económico?, ¿donaciones?, ¿reformas fiscales?; con cuánto contamos con cada medida, es otro asunto a resolver, el tema social también pasa por salud, vivienda, infraestructura.
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