Por Oscar Picardo Joao opicardo@iseade.edu.sv
Hacer políticas educativas no es un simple ejercicio romántico que aglutine buenas ideas o planteamientos relativamente lógicos para sobrellevar una gestión gubernamental; tampoco se trata de un ejercicio con pautas de idealismo academicista o de pragmatismo político-electoral. En la tradición politológica se ha discutido, debatido y escrito centenares de volúmenes a cerca de las “hechuras de las políticas públicas” (policy-making), llegando a dos grandes conclusiones definitorias: una teórica y otra descriptiva, (1) el hacer políticas implica hacer decisiones (decision-making), y este hacer supone construir un “curso de acción con sentido que involucra a los que legítimamente están inmiscuido o afectados”, a tal grado, que es necesario proponer perspicazmente la fórmula “policies versus decisions”; (2) en efecto, también el hacer políticas no es un asunto unilateral de decisiones, sino que llevan implícitas acciones.
En términos generales, existe en la mayoría de sistemas educativos una distancia o brecha entre lo prescrito de las políticas educativas y la realidad escolar; por un lado caminan los funcionarios, sus políticas, programas insignias y su datos, por otro la nuda realidad de la escuela con sus problemas, carencias y problematicidad de las ausencias en términos de liderazgo y eficiencia.
Hacer políticas públicas educativas supone la articulación de varios elementos: a.- tener datos confiables; b.- administrar disensos y lograr consensos; c.- diseñar una arquitectura estratégica de planificación; d.- contar con indicadores y metas; e.- diseñar programas sobre la base del costo-beneficio; f.- tener clara la tasa de retorno; g.- coherencia entre el planteamiento técnico y los recursos financieros; y h.- contar con matrices concretas de corto, mediano y largo plazo.
He tenido la oportunidad técnica –no política- de alinear y valorar tres documentos importantes para nuestro caso: 1.- El programa de Gobierno “Nace la esperanza viene el cambio”, concretamente la política de cultura, educación, ciencia y tecnología (hacia la sociedad del saber); 2.- El Plan social Vamos a la Escuela (2 versiones en borrador); y 3.- El Plan Quinquenal de desarrollo. Estos tres documentos que deberían estar de manera coherente articulados técnica y financieramente, cada uno tiene su propio lenguaje, sus propias metas, y para nada coinciden en la parte financiera, salvo en algunos tópicos aislados.
Desde los Acuerdo de Paz (1992) no hemos logrado definir una visión de país y de ciudadano de largo plazo, y por eso estamos pagando las consecuencias; la miopía y el autismo economicista no dejan espacios a la política educativa. De 1995 al 1999 se enarboló la reforma Educativa en marcha con cuatro ejes –cobertura, calidad, modernización y valores-, era un plan decenal, pero en el 1999 se diseñó el documento “Desafíos de la educación para el nuevo milenio”, muy parecido, pero hubo un quiebre técnico -Escuela 10 de grata Memoria, entre otros cambios-; en 2004 arrancó el Plan Nacional 2021, y con él una considerable cantidad de programas; los ejes de este programa fueron: formación integral, once grados de escolaridad, formación técnica y tecnológica y ciencia y tecnología para el bienestar; el plan no llegó al 2009, le faltaron 12 años. Hoy volvemos a empezar con el Plan Social Educativo vamos a la escuela, con muchas ideas pero sin financiamiento ni coordinación.
Las políticas educativas siguen a la saga de las remesas y de los ínfimos números de las exportaciones; son menos importantes que las gremiales de maestros, de transporte público y de empresarios; están opacadas por la vulnerabilidad y por la inseguridad. Y los resultados están ahí: baja escolaridad, serias limitaciones en la matrícula de educación preescolar, media y superior, baja calidad en educación básica, ineficiencia didáctica-pedagógica, y todo converge en más migración, desempleo y violencia… sigamos adelante…
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